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Fue un largo camino recorrido hasta llegar a la ampliación de la democracia boliviana, que puede comprenderse como una forma de gobierno que pretende superar la hegemonía de formas de gobierno elitistas, liberales y de corte representativos. Es en tal sentido que la ampliación de la democracia consiste fundamentalmente en la complementariedad de tres tipos de democracia, es decir, la democracia representativa, directa participativa y comunitaria.

Lo más importante de esta ampliación de la democracia, lo constituye el reconocimiento en la Constitución Política del Estado de la democracia comunitaria, que implica que en nuestro Estado Plurinacional existen 36 naciones y pueblos indígena originario campesinos, luego, también implica, que se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado dado que la constitución Política menciona que Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática directa y participativa, representativa y comunitaria. Finalmente, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, conforme a la Constitución y las Leyes, podrán elegir, designar o nominar a sus autoridades y representantes mediante normas y procedimientos propios.

El proceso constituyente nació hace más de dos décadas como demanda de los pueblos indígenas de tierras bajas, en la denominada Marcha por la Dignidad y el Territorio (1990). Luego siguió un prolongado y complejo camino, no exento de obstáculos, hasta asumirse primero como oferta electoral (2002), luego en calidad de agenda (octubre de 2003) y después en tanto programa de gobierno (2005), hasta plasmarse en un nuevo texto constitucional resultante de la electa Asamblea Constituyente (2006 – 2007), luego de pasar por un proceso de concertación regional y parlamentario (2008), para finalmente ser aprobado mediante el voto mayoritaria de la ciudadanía, mediante Referéndum Nacional (2009).

El reto democrático fundamental radica en el ejercicio mismo de la complementariedad y articulación –construcción simbólica- de las tres formas de democracia reconocidas en la Constitución Política del Estado y reguladas en la Ley del Régimen Electoral: directa y participativa, representativa y comunitaria.